Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto por derechos fundamentales durante la Covid 19 y el ejercicio del derecho de huelga que afectan al 100% de la plantilla afectada del servicio de limpieza de un centro hospitalario. La Sala considera motivada la resolución, teniendo en cuenta la importancia de los bienes y derechos constitucionales en juego unido a la necesidad de garantizar la prestación del servicio de limpieza en el Hospital con clara incidencia en la protección del derecho a la salud y a la vida permiten que la organización recurrente tenga pleno conocimiento de las razones por las que se dicta la resolución recurrida. Sin embargo, ante la exigencia de proporcionalidad y justificación en la fijación de los servicios mínimos,, considera no se aportan razones que permitan concluir que existe un verdadero juicio de proporcionalidad en los servicios que se imponen a los huelguistas. No se hace referencia alguna a las razones por las que se fija el concreto porcentaje sin determinar el número de trabajadores en cada uno de los servicios, en relación al personal total de los mismos y las peculiares de la localidad, y del tiempo de huelga convocado.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia del Juzgado, que declaró nulo el despido disciplinario acordado por la demandada, al entender que el mismo supuso un ataque a la garantía de indemnidad que la protegía de sus reclamaciones contra la empresa y conforma también la condena al pago de 15.000 euros en concepto de indemnización por esa vulneración de derechos fundamentales. En el recurso no se discuten los hechos probados fijados por el Juzgado y la Sala desestima el recurso empresarial planteado contra la sentencia del Juzgado, puesto que entiende que no es sólo que haya una denuncia ante la Inspección de Trabajo de la trabajadora contra la empresa un año antes del despido, sino una especie de acoso moral de la misma, puesto que ello derivó de una negativa injustificada al teletrabajo en periodo de pandemia, en contraste con la autorización a otros compañeros, no siendo cierto, pues, que no tenía infraestructura al efecto. Tras baja laboral, nueva negativa a ese teletrabajo y tras incidentes, se comienza el mismo, requiriéndosele ilegalmente su clave personal por la superiora, permitiéndole así el acceso a su herramienta de trabajo, no pagándole los excesos horarios, ni contestando a sus solicitudes, incluso de nóminas. Entiende, pues, correcta la forma de aplicar la carga de la prueba, en cuanto que se alegó vulneración de derechos fundamentales. Confirma también el importe de la indemnización, considerando la finalidad de la misma y la entidad de los hechos.
